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El PP intenta proteger a Rajoy frente a las revelaciones de la trama valenciana de la Gürtel

Diario- Juan José Mateo 25/01/2018
El partido subraya que la dirección nacional no tuvo nada que ver con al gestión regional
 

El PP asume que con toda probabilidad el presidente del Gobierno comparecerá en la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación ilegal de su partido. Desde esta formación recuerdan que Rajoy ya ha dado explicaciones en los tribunales —como testigo del caso Gürtel— y en la Cámara Baja —durante un pleno monográfico—, y muestran su sorpresa porque ahora Ciudadanos considere que Rajoy debe protagonizar "un careo" en ese organismo. Un formato de pregunta y repregunta que el PP observa con algo más que resquemor. "Las comparecencias son como son, pero podemos improvisar", ironizaron fuentes parlamentarias.

La preocupación en la dirección nacional del PP es máxima. El auge de Ciudadanos, apuntalado por su éxito electoral en Cataluña, se ve ahora alimentado por las revelaciones de casos de corrupción (Gürtel, Púnica o Lezo) que afectan a la estructura del PP en dos Comunidades Autónomas especialmente sensibles para sus intereses: Madrid y la Comunidad Valenciana. Con las elecciones municipales y autonómicas de 2019 en el horizonte, Rajoy es "el pegamento" que mantiene unido al partido. Y para sus consejeros es imperativo protegerle de las salpicaduras que están provocando las confesiones de la trama valenciana del caso Gürtel, y que ya afectan a personas que fueron de la máxima confianza del presidente, como Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana.

"Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho. Yo ya he tomado las decisiones que tenía que tomar y he trabajado y continúo haciéndolo para que esas cosas no se vuelvan a producir nunca", dijo el propio Rajoy el miércoles, durante una entrevista en Onda Cero. "El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas [dimitió como presidente de la Comunidad de Valencia] y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política desde hace mucho tiempo", añadió.

Frente al goteo continuo de escándalos relacionados con la corrupción de antiguos miembros del PP, los portavoces del partido que sostiene al Gobierno insisten en una línea argumental compartida por todos y diseñada para proteger a la dirección nacional. La descentralización de la organización del PP es inherente a la autonomía con la que operan sus representantes regionales en los asuntos del día a día, argumentan desde la sede nacional de Génova. Ni el presidente nacional ni los secretarios generales controlan las finanzas de la formación. Los hechos conocidos ahora pertenecen al pasado. Sus protagonistas ya no están en el partido. Y ningún otro Ejecutivo ha impulsado tantas medidas para luchar contra la corrupción.

"El PP no tiene nada que ocultar", dijo Pablo Casado, vicesecretario de comunicacionón del PP, tras el comité de dirección del lunes. "Estamos hablando de casos que supuestamente se han cometido hace 14 años y que se están instruyendo desde hace 9. Quien haya hecho algo mal, pagará por ello. La impunidad no existe", añadió. Y pidió: "Hay que mirar al futuro".

La confesión de Costa

El discurso diseñado para proteger a la dirección nacional del escándalo encontró el miércoles un aliado inesperado en los tribunales. Allí, Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, reconoció la financiación ilegal de su partido. No obstante, introdujo un matiz que no pasó desapercibido en Génova: eximió de cualquier responsabilidad al PP nacional.

"Me quedo tan preocupado que mantengo en la sexta planta una reunión con el gerente nacional, en aquel momento, Luis Bárcenas", dijo Costa sobre la presunta financiación con dinero negro de las campañas de 2007 y 2008. "Le traslado la petición del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en este caso de Víctor Campos, inducida, o que él me plantea que se lo ha dicho el presidente [Camps], y Bárcenas me dijo: "Eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional y sería un Filesa dos".