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López Obrador propone a cercanos para llenar la vacante en el Supremo

Diario- Luis Pablo Beauregard 06/12/2018
El presidente incluye a una exdiputada aliada y una excandidata para renovar el tribunal constitucional
 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado el proceso de renovación para el primero de los tres puestos que estarán disponibles en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) durante su mandato de seis años. La mañana de este jueves, el mandatario anunció que enviará al Senado su terna para suplir la vacancia que dejó José Ramón Cossío con su salida del tribunal constitucional el 30 de noviembre. Las candidatas son Loretta Ortiz, quien ayudó al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a organizar a los foros de pacificación durante la transición; la magistrada Celia Maya García, quien fue candidata de Morena al Senado y el doctor en Derecho Juan Luis González Alcántara Carrancá.

La terna no ha gustado a los expertos por su parcialidad y falta de autonomía respecto al poder ejecutivo. "No creo que Loretta Ortiz tenga las credenciales para ser ministra de la Corte. Celia Maya lleva varios años en la judicatura, pero es una clara militante de Morena. Sería muy extraño en otro país que alguien que ha sido postulado a un puesto político salte inmediatamente a un tribunal constitucional", consideró Saúl López Noriega, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y experto en temas judiciales. El académico cree que González Alcántara es la apuesta del ejecutivo de Morena para la Corte, que elegirá a un nuevo presidente en enero de 2019.

Esas críticas son similares a las que han hecho los tres integrantes internacionales del panel de expertos para la renovación del tribunal, que sugieren buenas prácticas para la defensa de la autonomía de las cortes. "México perdió la oportunidad de hacer una terna que recogiera un proceso de deliberación y participación de la sociedad civil… La democracia no se fortalece si en la Corte hay una persona que es amiga del presidente o aliada de los partidos. Se debe fortalecer el sistema de pesos y contrapesos", ha asegurado Catalina Botero, integrante del panel y exrelatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Loretta Ortiz es exdiputada del Partido del Trabajo (PT), uno de los partidos que conformaron la alianza Juntos haremos historia que llevó a López Obrador al poder en julio pasado. Es egresada de la prestigiosa Escuela Libre de Derecho y tiene estudios de posgrado, además de una carrera en la academia. "Cumple los requisitos", ha dicho López Obrador esta mañana. No obstante, también es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los responsables de redactar la Constitución moral del presidente de México, uno de los proyectos que han hecho a más de uno levantar las cejas.

Celia Maya es jueza desde 1979. Ha hecho carrera en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, una entidad en el centro del país. En marzo de este año solicitó una licencia como magistrada del tribunal local para convertirse en candidata de Morena al Senado, un movimiento con el que se identifica desde hace varios años. En las elecciones de julio su fórmula quedó en segundo lugar, por detrás de la del PAN-PRD-MC, por lo que quedó fuera de la cámara alta.

El nombre de González Alcántara Carrancá tampoco está libre de mácula. El abogado, becario de la Fullbright y especializado en Derecho civil y familiar, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal entre el 2000 y 2003, años en los que López Obrador fue jefe de Gobierno de la capital mexicana. El abogado aparece vinculado a un escándalo de tráfico de influencias porque habría operado para beneficiar a un exministro de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, en un juicio donde el juez constitucional intentaba rebajar la pensión alimenticia en un caso de custodia contra una excónyuge.

"No ha quedado claro su papel en ese caso", considera López Noriega. "Si fuera cierto, eso lo descalificaría automáticamente", agrega. Será responsabilidad de los senadores de contrastar los perfiles de los tres candidatos en sendas comparecencias. Morena no tiene la mayoría calificada, de dos terceras partes, en la cámara, por lo que el futuro ministro o ministra necesitará de apoyos en los partidos de la oposición para llegar al tribunal constitucional. Otro problema de Alcántara Carrancá es su edad. Tiene 69 años y aspira a un cargo de 15 años.

Botero considera que el poder legislativo deberá analizar a conciencia las aptitudes de las aspirantes para encontrar un perfil que cumpla tres características: moralmente intachable, técnicamente apto y deber de ingratitud. "Un juez debe ser ingrato con quienes los postulan o eligen. La lealtad es con la Constitución", considera la decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, en Bogotá.

Tensión con el poder judicial

El relevo en el Supremo, al que le seguirá uno en febrero de 2019 y otro en diciembre de 2021, se da en medio del pulso del ejecutivo de Morena con el poder judicial por la propuesta del presidente de rebajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Cientos de jueces y magistrados se han amparado para evitar que sus ingresos sean recortados a partir de enero. Los ministros de la corte y los consejeros de la judicatura se encuentran dentro de los burócratas mejor pagados del país con sueldos mensuales superiores a los 17.000 dólares.

López Noriega considera que la propuesta de López Obrador de esta mañana podría ir en clave del relevo de la cúpula del poder judicial. En enero se votará a un nuevo presidente de la Corte. Se prevé que la elección enfrentará a jueces de carrera con ministros externos. "No entiendo aún que clase de presidente de la Corte quiere López Obrador: uno que opere la baja de los sueldos, lo que será complicado porque el ministro elegido necesitará ayuda de la base para promover cambios o uno que sea catalizador de los embates entre el presidente y los intereses de los empleados judiciales". Una de las primeras tareas del futuro ministro será inclinar la balanza en una pugna que tiene al poder judicial como territorio de combate.