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El exjefe de Seguridad del BBVA paga la fianza de 300.000 euros del "caso Villarejo"

Diario- El País 19/07/2019
Julio Corrochano, enlace en la entidad con el comisario jubilado, es uno de los ocho directivos imputados
 

El ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano seguirá en libertad la instrucción del caso Villarejo que afecta a los encargos que la entidad bancaria le hizo al comisario jubilado. Corrochano ha abonado la fianza de 300.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, según han informado fuentes jurídicas. Lo ha hecho varios días antes del plazo que tenía para depositar la fianza. 

El juez García-Castellón y los dos fiscales Anticorrupción que investigan los tentáculos empresariales, políticos y mediáticos de los negocios de José Manuel Villarejo tratan de clarificar quién formaba parte de la "cadena de mando" que dentro del BBVA decidió contratar los servicios de dudosa legalidad del comisario jubilado. Corrochano es el primer directivo del banco, de los ocho imputados por cohecho y revelación de secretos, al que el juez impuso medidas cautelares.

La investigación trata de desentrañar quién le hacía los encargos a Villarejo y quién conocía los métodos que este empleaba para conseguir la información. La gran incógnita ahora es si las imputaciones alcanzarán a Francisco González, expresidente de la entidad, y al BBVA como persona jurídica. 

Julio Corrochano, alto mando de la Policía como Villarejo, era presuntamente la conexión entre el BBVA y el comisario jubilado en prisión desde 2017. Él se encargaba de pedir los trabajos.  Corrochano fue nombrado en 1998 jefe superior de Policía de Madrid y posteriormente comisario general de Policía Judicial, pero en 2002 abandonó el cuerpo para fichar por el BBVA. Según las grabaciones publicadas por varios medios de comunicación, apenas tres años después empezó a contratar a Cenyt, una de las empresas de Villarejo, porque la entidad quería defenderse de la operación financiera de Sacyr que amenazaba con arrebatar el control al entonces presidente Francisco González.

Los ocho directivos imputados, entre los que se encuentra el exconsejero delegado Ángel Cano, apenas han facilitado información. Todos menos uno se han negado a declarar, asesorados por los abogados que les sufraga el BBVA en virtud de una póliza que cubre a los actuales trabajadores y también a los antiguos directivos. Cinco de los ocho se han acogido a su derecho a no declarar al alegar que la causa sigue secreta y aún no saben exactamente de qué les acusan. Previsiblemente cuando se levante el secreto de sumario serán llamados a declarar de nuevo.